El Estado y los movimientos sociales

Traigamos a colación una cita de Raúl Zibechi “Desde 1989 los sectores populares y pueblos indios de América Latina encabezaron revueltas e insurrecciones que pusieron a la defensiva al modelo neoliberal”[i] de modo que la pregunta que nace a todas luces es la siguiente ¿Cómo es posible que las fuerzas sociales se configuraran de una manera tan radical como para hacerle frente al modelo que desperdigaba una fragmentación infinita de “lo social”?, caeremos aquí en una suerte de hiperteorización, pero creemos que se logra por el mismo movimiento de la nueva cuestión social. La movilidad por fuera del sistema le permite a los agentes colectivos re-agruparse de acuerdo a su condición común de exclusión y pauperización. Hay cuestiones claves en este punto, por una lado pensándolo según Negri y Cocco, es la expresión de la potencialidad de la multitud, por otro lado en Laclau y Mouffe, es el desarrollo identitario que posibilita la articulación de las distintas demandas fragmentadas por el capitalismo tardío, y finalmente, es la fuerza inherente del bajo pueblo que se consiguió tras complejos procesos de subsidencia y acumulación de experiencia para expresarse en un reventón social, pensándolo según Gabriel Salazar.

Lo cierto es que la aparente fragmentación de “lo social” no ha sido más que una puesta de escena del mismo circuito neoliberal, lo cierto, lo real, es la aparición de un lenguaje antagónico al modelo, la aparición de propuestas alternativas que aún están en pañales, pero en proceso de crecimiento, los zapatistas mexicanos, el movimiento sin tierra en Brasil, los piqueteros y el movimiento reivindicatorio urbano de la Argentina, los indígenas de Ecuador y Bolivia, los sectores populares de Venezuela, entre otros.

El caso boliviano presenta ciertas peculiaridades y tensiones que comenzaremos a describir en este apartado. Es interesante jugar en historiografía como en una excavación, ya que la relación de movimiento social -o su variante “actores colectivos”- y Estado. La “relación positiva” (entendiendo por ésta, donde ambos negocian) no es del todo novedosa, la participación política de los Pueblos Indígenas en el Estado fue latente a lo largo de la Historia Andina[ii]. Sergio Serulnikov, plantea que el mundo andino colonial, en el norte de Potosí Bolivia, tuvo procesos de lucha y conflicto; entre otras cosas por las transformaciones burocráticas de las relaciones sociales que implantaban las reformas Borbónicas. El levantamiento general indígena de 1780-1781, tuvo una triple territorialidad, Cuzco, La Paz y Chayanta, en las dos primeras la ruptura con las instituciones y la sociedad colonial fue intempestiva mientras que en Chayanta se establecieron demandas, expectativas y relaciones más conectadas con el Estado colonial[iii]. Otra autora que hace referencia a lo aludido, es Marie-Danielle Démelas quien analiza la relación entre los actores colectivos y el Estado en los Andes, desde 1780 hasta 1900. Si bien plantea una dicotomía entre ambas, en el desarrollo de su tesis postula lo siguiente, entre Estado y comunidades indígenas la relación estuvo marcada por tensiones, conflictos e inclusive alianza entre ambos, producto principalmente de la debilidad del Estado Moderno y la necesidad de asociarse con las potentes comunidades indígenas[iv]. Incluso la moderna revolución Boliviana de 1952, nos habla de ésta relación, donde lo indígena siempre se ha constituido como una fuerza latente y amenazadora.

La “baja sociedad civil” (durante el Estado desarrollista) fue excluida de los caminos del progreso y luego con la implantación del modelo neo-liberal “lo social” fue fragmentado, dispersado y endurecido fuera de los márgenes. La exclusión y las desigualdades desnudas, provenientes del autoritarismo de la sociedad de mercado, dio materialidad al nuevo proyecto de los AMS. Estamos en la negatividad y la superación de Locke; por un lado tanto la flexibilidad como la constitución de societas y la legitimidad -menos la libertad- fueron subordinados por el devenir del Estado moderno, en la medida que endureció la segmentariedad social, des-constituyó lo social y ahorcó la gobernanza para sostener su estabilidad/gobernabilidad, como el caso boliviano de la democracia pactada de Víctor Paz Estensoro en 1985. Sin embargo, cabría mencionar que el proceso boliviano (y aquí toda la tendencia de las luchas en América Latina) está situada en la superación lockeniana, en el fin del contrato moderno y el Estado Burgués.

La Alta-modernidad esta dada por el puntapié que dieron los AMS en América Latina, la expresión superlativa de un nuevo contrato social o “New Deal”, que no es más que en términos de Ernesto Laclau: la radicalización democrática. La Alta-modernidad es aquel pasaje de la historia donde los principios liberales que dieron forma al mundo y al Estado burgués moderno, se ven puestos en jaque y son radicalizados por agentes colectivos que han vivido espesos procesos de acumulación de experiencia, construcción de identidad política, articulación y solidaridad en movimiento.

El caso boliviano pone en escena cuestiones interesantes que debemos presentar una vez más. En las cuatro perspectivas explicativas, podemos sacar en limpio lo siguiente: Bolivia desde la década del ochenta, experimentó el pacto restrictivo del autoritarismo social-mercado, o sea las reformas de apertura económica que son parte del modelo neoliberal. Correlativo con lo anterior se sostuvo una restricción política que configuró la manoseada “democracia pactada”. De esta forma se sometía a la rigidez del sistema político y la autoconservación del mismo, en esa autoreproducción el propio cuerpo estatal y todo su andamiaje tecnócrata, administrativo, comenzó ahorcar la legitimidad y la gobernabilidad empezaba a tambalear.

La cuestión social del siglo XXI, no es otra cosa que un nuevo espacio de politización radicalizada, y eso es claro para los actores indígenas de Bolivia. Su relación con el Estado ha sido una cuestión latente, puesto que la configuración política tuvo como base de estabilidad la exclusión de las comunidades indígenas. En esa relación la configuración de una identidad política adjunto al desplazamiento del imaginario democrático tenemos la receta que explica la configuración sostenida de los AMS durante todo el siglo XX. A diferencia de otros procesos en la región, la “identidad” -en este caso indígena- no fue difícil constituirla, ya que siempre estuvo ahí.

Desde el comienzo de la década de los noventa, las cuatro expediciones multitudinarias tuvieron un hálito democrático en la medida que la demanda por la ANC fue sustantiva y articuladora en estos años, de modo que la constante negatividad del gobierno no hizo más que resonar un eco de autodestrucción. En ese sentido debemos explicitar que de acuerdo a las “cuatro tentativas explicativas”, no es posible pensar al MAS por sí sólo, su cooptación de las fuerzas que pululaban ya estaban articuladas en la demanda de la ANC. Se debe reconocer la estrategia sin subordinar “lo social” a ese mismo proceso... en un aspecto similar, tampoco se puede comprender la emergencia de los actores colectivos desde procesos estructurales, la crisis de representación durante los noventa da cuenta de un cara de la relación entre AMS y Estado, pero la autonomía del primero será clave para hacer reventar la “representación”, explotar y radicalizar al máximo los preceptos y códigos que manejaba de manera mesurada el gobierno. La crisis de representación entonces no es más que un efecto.

La más interesante de las propuestas que describimos es la de Raúl Zibechi. Si tomamos un segundo autor bien podríamos contraponerlos en la siguiente idea ¿Estado Aymara o Estado Plurinacional?, ya que Otto Colpari Cruz presenta la ANC como un espacio constituyente de lucha, de proyección futura, de cristalización de las relaciones y concepciones de los AMS indígenas bolivianos. Colpari plantea que “las transformaciones sociales pasarán por la capacidad del poder constituyente de los movimientos sociales, indígenas, campesinos y urbanos.”[v]. Los problemas o los objetivos tales como, la constitución de regímenes indígenas, regímenes multinacionales de control social, régimen político de tierras, aguas y propiedad, régimen cultural de respeto a los derechos indígenas y colectivos, conformar cabildos distritales que trabajen con dirigentes vecinales, asociaciones comunitarias y otras organizaciones barriales etc...pasarían por la codificación constitucional que necesita de una fuerte construcción de base, para redactar una carta magna plural y más democrática.

De modo que Zibechi se alinea con la necesidad de pensar y ver en Bolivia la construcción de poderes no-estatales, mientras Colpari daría cuenta de la necesidad de edificación de un Estado Unitario Plurinacional, Pluricultural, Plurilingüe[vi]. ¿Serán dos estrategias distintas del desplazamiento del AMS indígena en el tiempo?, o son sólo ¿Dos posturas explicativas distintas?, es razonable pensarlas ni como una ni como otra, sino como la expresión necesaria de la radicalidad democrática indígena que para el desarrollo de su condición aprovechó la debilidad del Estado y por ende la apropiación de éste último al servicio de los actores colectivos. La recuperación de la flexibilidad del Estado, la vuelta del Estado a la sociedad civil, no es más que lo que denominamos como Alta-modernidad. Zibechi se equivoca al ver los AMS indígenas como puro sustrato no-estatal, y Colpari también al observarlos como pura masa limosnera, se trata de la proyección política indígena en un nuevo momento histórico del capitalismo, el Estado y las sociedades en América Latina del siglo XXI.

EXTRACTO: EL ESTADO Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA, DEBATE EN PROCESO: RADICALIZACIÓN DEMOCRÁTICA AL COMPÁS DEL SIGLO XXI (ROBERTO PIZARRO)

NOTAS

---

[i] ZIBECHI, Raúl "Dispersar el poder, los movimientos como poderes antiestatales", Quimantú, Santiago, 2007, op.cit, p.31

[ii] No por nada Zibechi en su mismo texto menciona como las revuelas del 2003, en la “guerra del gas” y la fuga de Sánchez de Lozada, fue comparada con la acción de Túpac Katari y el cercamiento de la Paz. Esta cuestión es significativa en varios aspectos (entre ellos el mismo énfasis de Zibechi). En primer lugar ésta comparación habla de la incorporación de una identidad y tradición indígena inmanente al movimiento actual. En segundo lugar, y de acuerdo a cánones históricos también es significativo, primero porque las revueltas del 2000 al 2003, deberían relacionarse con la tradición de protesta de Chayanta, donde la sublevación fue un proceso gradual de movilización campesina, desde el movimiento campesino de los miembros del grupo Macha contra sus caciques a comienzos de 1777; y no así las sublevaciones de Cuzco y la Paz, las cuales fueron dirigidas por Túpac Amaru II y Túpac Katari respectivamente, donde se siguió un patrón de ruptura abrupta contra las instituciones coloniales y la sociedad colonial. De modo que ensalzar uno u otro proceso no son cuestiones superfluas sino que de profunda re-construcción identitaria. Ver más en ZIBECHI, op.cit, “la mirada micro” pp.105-118; SERULNIKOV, Sergio Conflictos sociales e insurrección en el mundo andino colonial, el norte de Potosí en el siglo XVIII, Fondo de cultura económica, Argentina, 2006.

[iii] SERULNIKOV, Sergio, op.cit.

[iv] DÉMELAS, Maire-Danielle “Estado y actores colectivos. El caso de los Andes”. En: Guerra y Annino (eds) Inventando la nación, Fondo de cultura económica, México, 2003, pp.347-378.

[v] COLPARI, Otto “¿Asamblea constituyente soberana y fundacional?”, 2006.

http://www.cesu.umss.edu.bo/Mov_Soc/pdf/constituyente_junio_2006.pdf.

[vi] Ibidem.